La grave situación de seguridad en los socavones del proyecto minero subterráneo de oro a gran escala más importante de Colombia, ubicado en el municipio de Buriticá se convirtió en un nuevo lío jurídico para el Estado colombiano.
Y es que el conglomerado chino Zijin Mining Group demandó a la Nación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, reclamando fallas en las garantías de seguridad para sus operaciones en este complejo al occidente de Antioquia que se estima tiene hasta 300 toneladas de oro.
Precisamente, esta potencial fortuna también ha generado en los últimos años el interés de grupos armados, como el Clan del Golfo que, a sangre y fuego, se han disputado algunos socavones del complejo minero desatando una grave problemática de seguridad en la zona.
Según el portal de arbitrajes en materia de inversión, Global Arbitration Review, la multinacional minera estima que más de 4.000 personas trabajan de manera ilegal en la mina todos los días, una situación que aún no ha logrado controlar el Estado colombiano con la Fuerza Pública y que incluso ha generado protestas por parte de comunidades que han denunciado violaciones a los derechos humanos por casos de mineros que serían ilegales atrapados en varias de estas zonas de extracción.
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En el pleito jurídico, la multinacional minera tratará de reiterar que tiene prioridad sobre estos predios cuyos derechos de explotación adquirieron por 1.000 millones de dólares tras comprar el 69% de las acciones de la multinacional canadiense Continental Gold en 2020.
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