Víctimas en Urabá celebran fallo contra Chiquita Brands por financiación de las AUC

Tras casi tres décadas de denuncias y por lo menos 20 años de litigio, finalmente víctimas del fenómeno paramilitar en el Urabá antioqueño, empezaron a ver justicia luego de que, ante un tribunal de Estados Unidos, la multinacional bananera Chiquita Brands admitiera que entregó entre 1997 y 2004 casi 2 millones de dólares a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para financiar sus acciones violentas.

Víctimas como Raquel Sena, a quien los paramilitares le asesinaron en Urabá a su esposo, Fidel Hernández, son conscientes que ya no hay ninguna decisión que devuelva a la vida a su ser querido, pero esperan que se siente un precedente frente a estos hechos y que haya una efectiva reparación económica tras haber sido desplazados de la zona perdiendo propiedades y cultivos de los que vivían.

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"Aunque uno la muerte de él nunca la va a superar porque todo se perdió, la casa, los cultivos, yo quiero que Chiquita Brands nos reconozca porque ellos eran los que le pagaban esa gente para que mataran acá", señaló.

En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos.

Precisamente Gerardo Vega, defensor de derechos humanos y quien acompañó las reclamaciones de muchas de estas personas mientras estuvo al frente de la Fundación de Forjando Futuros, destacó que ahora de quien se esperan acciones en la misma vía es de parte de la justicia colombiana, sobre la cual considero, tiene pruebas suficientes para proceder en el mismo sentido.

"Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands pero falta que la justicia colombiana los jueces colombianos y los tribunales condenen a los empresarios que en Colombia y a las empresas que en Colombia también como chiquita daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares", dijo Vega.

En el caso de la justicia colombiana el proceso avanza lento en medio de cambios de fiscales, jueces y solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados que incluyen tanto a empresarios bananeros como a mandatarios locales y militares de aquel entonces, encargados de aprobar la operación de estos grupos en la zona.

Se teme que si no hay avances prontos las primeras decisiones que se tomaron en septiembre 2019 con la resolución de acusación puedan prescribir en el mismo mes de 2025.