Tribunal niega a la ANLA y ratifica a EPM y Contraloría como víctimas en juicio por Hidroituango

Un reciente fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó una importante decisión en medio del proceso judicial que avanza contra tres exdirectivos de EPM que habrían tenido incidencia en las decisiones que llevaron a la construcción y manejo de la Galería Auxiliar de Desviación en Hidroituango , por la cual se provocó la contingencia de 2018 en la central de energía.

Y es que desde abril del año pasado la Autoridad Nacional de licencias Ambientales buscaba convertirse en víctima del caso asegurando que no se surtieron los trámites legales correspondientes para la modificación de la licencia ambiental otorgada para ejecutar dicha construcción y que por lo tanto había sido engañada para proferir las decisiones administrativas que constituyeron una contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

Ante estos argumentos de la ANLA, el reciente fallo indica que esos perjuicios son abstractos toda vez que muchos de ellos son proyectados a futuro y no “se precisa la ocurrencia cierta y real de alguno” de esos daños.

A su vez, el Tribunal dejó en firme el papel de EPM y La contraloría como víctimas, toda vez que en el caso de la primera entidad se ha comprobado que canceló por ejecución de obras de aceleración y construcción de esa galería auxiliar una suma superior a los 390 mil millones de pesos que pagó de su bolsillo, “siendo evidente el daño patrimonial”, se lee en el fallo.

De otra parte, en el caso de la Contraloría, los hechos que se están juzgando “impactan directamente recursos públicos, sobre los cuales la mencionada entidad debe ejercer el control y la vigilancia como función pública asignada constitucionalmente”.

En el proceso están involucrados Wilson Chinchilla Herrera, ex vicepresidente ejecutivo de Proyectos e Ingeniería de EPM; Luis Javier Vélez Duque, exgerente y representante legal de EPM Ituango; y Álvaro León Ospina Montoya, exdirector de Desarrollo del Proyecto, quien según la Fiscalía dieron el aval para desarrollar las obras de aceleración del proyecto aprobando la construcción de un tercer túnel que no estaba contemplado en los diseños iniciales.