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Tres policías exigieron hasta $20 millones a hombre por dejarlo en libre en Medellín

Con dos personas, los uniformados le pidieron a un hombre esa cifra para dejarlo en libertad tras haber sido detenido por un aparente hurto en la capital antioqueña.

Policías investigados.
Policías investigados.
Cortesìa: Procuraduría

Cinco hombres, entre ellos tres policías, se habrían confabulado para exigir hasta 20 millones de pesos a un hombre por dejarlo en libertad, tras haber sido detenido por un aparente hurto en Medellín . La pareja de la víctima llegó a entregar la mitad del monto.

Un insólito caso de estafa y abuso de autoridad se conoció en Medellín en medio del proceso de judicialización de cinco hombres, entre ellos un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional, que estarían implicados en irregularidades en sus procedimientos.

Los hechos ocurrieron a inicios de octubre de 2023, cuando los otros dos civiles implicados, los hermanos Cristian Camilo y José Alberto Ríos Castañeda, señalaron a Maicol Andretti Zapata Martínez de haberles hurtado 10 millones de pesos.

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Tras poner en aviso a las autoridades, el intendente Jhon Geulis Palacio López, y los patrulleros Mauricio David Herrera Eraso y Jorge Esteban Arrieta Dávila, capturaron al presunto victimario. Sin embargo, a partir de allí empezaron a incurrir en una serie de irregularidades dentro de sus procesos.

Primero, el detenido no fue puesto a disposición de la Fiscalía y lo mantuvieron bajo su custodia y esposado durante cerca de tres horas al interior de una patrulla en el barrio Naranjal, occidente de la ciudad Medellín.

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Pero además, los presionaron para que devolviera lo que presuntamente se habría robado y llegaron al punto de exigirle el pago de 20 millones de pesos para no procesarlo por el delito de hurto. En medio de esta solicitud, la pareja sentimental de Zapata Martínez alcanzó a entregarles la mitad del dinero, por lo que procedieron a leerle sus derechos como capturado en flagrancia, pero no reportaron que recibieron dinero.

Tanto las víctimas del aparente hurto, como los tres miembros de la Fuerza Pública, fueron procesados de acuerdo a sus responsabilidades por concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los cargos fue aceptado.

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