La Alcaldía de Medellín y la Jurisdicción Especial para la Paz sostuvieron un encuentro en el que socializaron los avances que en las últimas semanas han tenido las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el sector de La Escombrera de la Comuna 13 , pero también anunciaron nuevas decisiones para continuar garantizando de la mejor manera dichas tareas.
Uno de los anuncios principales de la reunión presidida por el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, está relacionado con las medidas para garantizar que estas acciones se ejecuten con seguridad y preservar la integridad del sitio donde avanzan las excavaciones.
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Por esta razón, se definió que en las próximas semanas se dispondrán en la zona tanto cámaras como seguridad física, un centro de monitoreo a través de un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano. Así lo indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín , Carlos Arcila.
"Inmediatamente ya vamos a iniciar un convenio con la EDU para que se organice y se monte el sistema de monitoreo a través de cámaras y ya también hoy hablamos inmediatamente para que, a través del EDU, se contrate una cooperativa de vigilancia para que preste también la vigilancia en la escena judicial", manifestó.
Frente a esas empresas de seguridad privada ha habido algunos cuestionamientos exigiendo que sea la fuerza pública quien brinde las garantías, pero el alcalde Gutiérrez indicó que todo será concertado y aún no se ha definido.
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De igual manera, otro de los anuncios relevantes fue la continuidad en acercamientos con organizaciones de víctimas y de derechos humanos con el fin de explorar la solicitud que han realizado frente a ampliar el polígono de búsqueda de restos óseos a partir de los recientes avances que se han obtenido.
Hasta el momento y menos de un mes de labores, tras llegar a 15 metros de profundidad de escombros acumulados por más de 20 años, fueron anunciados los hallazgos de 34 estructuras las cuales ya se han relacionado a cuatro personas desaparecidas entre 2002 y 2003.
La JEP señaló que al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas y que en uno de los casos hay evidencia para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas.
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