La posibilidad de superar las dificultades jurídicas y la reubicación de miles de familias asentadas irregularmente en el predio Santa Elena en el municipio de Caucasia
no es lo único que preocupa a las autoridades.
Recientes hechos violentos que derivaron en el asesinato de cinco personas en los últimos días han producido intervenciones de la fuerza pública que a su vez han generado rechazo en la comunidad por presuntos abusos de autoridad.
Durante la más reciente intervención la Policía inmovilizó 17 motocicletas por infracciones a las normas de tránsito, hallaron 80 gramos de estupefacientes, incautaron 12 armas blancas e impusieron 13 órdenes de comparendo por diversas contravenciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia.
Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, destacó que a pesar de los recientes hechos violentos todos ellos se han podido esclarecer tras la captura de los presuntos responsables.
“Dentro de esa invasión se están sucediendo actividades ilícitas. En los últimos 15 días se presentaron aproximadamente cinco homicidios al interior de esa invasión. Afortunadamente, gracias a la reacción oportuna inmediata de la policía, se lograron capturar los responsables de esos cinco homicidios”, dijo.
El funcionario explicó que en esta zona del Bajo Cauca hay una confrontación por el control del microtráfico entre el Clan del Golfo y un grupo local denominado ‘Los Caparros’.
“Y al interior de la invasión hay venta y consumo de drogas y todos sabemos que el la venta de drogas en el departamento está siendo liderada y controlada por las organizaciones criminales. En este caso, el clan del Golfo”, reveló el secretario Martínez.
Estos procedimientos de las autoridades se llevan a cabo en medio de las denuncias de la misma comunidad del asentamiento quienes han manifestado a través de un comunicado que “el cerco impuesto por la fuerza pública configura una situación de asedio y confinamiento institucional que pone en riesgo la integridad, la dignidad la dignidad y la subsistencia de la comunidad”, aparte de calificarla como desproporcionada.
Para hacer frente a esta situación, la administración local también decretó toque de queda, la prohibición de parrillero hombre y la restricción del expendio de bebidas alcohólicas en varias zonas de la invasión con el fin de hacer frente a las problemáticas de seguridad.
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