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Sociedad Hidroituango no descarta nuevas demandas en contra de EPM por incumplimiento en contrato

Tras el laudo arbitral que obliga a EPM a pagar más de 782 mil millones de pesos por incumplimientos en Hidroituango, la sociedad dueña del proyecto no descarta nuevas demandas por demoras en el arranque de las últimas cuatro turbinas.

Hidroituango.jpg
Hidroituango
Foto: EPM

Luego del estudio del laudo arbitral proferido por la Cámara de comercio de Medellín el pasado 7 de diciembre respecto a la demanda de la Gobernación de Antioquia a EPM por incumplimientos en hitos del denominado contrato BOOMT en Hidroituango, el gobernador Aníbal Gaviria finalmente se pronunció respecto a las implicaciones de esta decisión.

El mandatario se mostró satisfecho con las consideraciones del laudo las cuales calificó como “justas” y “equilibradas”, pero fue enfático en destacar que si bien el documento no se refirió a incumplimientos relacionados con el hito 10 en la central, es decir, la puesta en funcionamientos de las últimas cuatro unidades de generación de energía, sí podrían activarse nuevas demandas pues estas debieron entrar completamente en funcionamiento en junio de 2022.

"Eso debe ser motivo de análisis de la nueva administración, la pertinencia y la decisión de avanzar también en una demanda sobre el incumplimiento de ese hito", puntualizó Gaviria.

Con respecto al avance de obras en esa segunda fase de la central, Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Hidroituango, dueña mayoritaria de esta megainfraestructura, reconoció que se está registrando una parálisis en esa zona de hasta dos años no solo por los hitos incumplidos previamente, sino por el cambio de contratista.

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"Sacar los contratistas era un error que nos parecía que no era adecuado, que no era pertinente, y desafortunadamente caímos en el peor de los escenarios que era no tener el contratista inicial, el original, no tener un nuevo contratista y tener las obras paralizadas", dijo el gerente.

El gobernador Aníbal Gaviria destacó que el reciente laudo debe servir para que futuros gobiernos regionales con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación avancen en una solución justa y equilibrada que favorezca a todas las partes implicadas.

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