Luego de la emergencia en casa de máquinas y en general la etapa 1 de Hidroituango , se iniciaron varios procesos entre los socios de la hoy, central de energía en el norte de Antioquia, por los incumplimientos, debido a que no entró en operación en mayo de 2018 como se tenía estipulado en el cronograma estipulado.
A través de información relevante de la Superintendencia Financiera, el Grupo EPM aseguró que el Consejo de Estado admitió el recurso de anulación que interpuso contra el laudo proferido, a finales del año 2023, por un Tribunal Arbitral en Medellín, que obligaba a pagarle a la Sociedad Hidroituango donde esta la Gobernación de Antioquia como socio mayoritario, 781 mil 828 millones por parte de la compañía de servicios públicos.
- Tras tres años, Tribunal Administrativo de Antioquia admitió demanda a constructores de Hidroituango
Hay que recordar que este proceso inició en octubre de 2020, cuando la Sociedad desistió de un acuerdo porque esperaba que EPM asumiera esos sobrecostos que se dieron por la emergencia cuando el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación -GAD, generó una reacción en cadena que terminó obligando a EPM a inundar la casa de máquinas y se generó un retraso irreversible en el proyecto.
Pero no es el único proceso judicial, porque en febrero de 2021 se interpuso una segunda demanda contra EPM por el pago de las cláusulas penales estipuladas en el contrato y el incumplimiento de los hitos constructivos que la empresa ha dejado de cumplir por los retrasos.
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El tribunal de arbitramento ha fallado a favor de la Sociedad Hidroituango en ambas demandas, sin embargo, se espera un fallo definitivo para definir si se debe pagar o no, esos recursos que se le exige a EPM.
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