Representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, podría perder su curul por inhabilidad

El representante a la Cámara, Alejandro Toro, podría perder su puesto por inhabilidad. Radican ante el Consejo de Estado una demanda por haber sido contratista de una entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín meses antes de las elecciones.

Una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado fue radicada este jueves contra el representante a la Cámara por Antioquia y del Pacto Histórico, David Alejandro Toro Ramírez, por la causal de inhabilidad.

Esto porque, según el abogado demandante, Juan Giraldo, Toro Ramírez fue contratista del Colegio Mayor, una entidad adscrita a la ciudad deMedellín meses antes de las elecciones parlamentarias, donde fue elegido para el periodo 2022-2026.

“Por haber sido contratista de la Ciudad de Medellín en el periodo inmediatamente anterior, al de la campaña que lo lleva a ser electo parlamentario por Antioquia, y en virtud de lo cual hemos encontrado que, a nuestro parecer, pudo estar en curso en una inhabilidad. Le hemos puesto el conocimiento al Consejo de Estado", afirmó.

Por medio de su cuenta en X, Alejandro Toro, dijo lo siguiente:

“Nos quieren callar”, aseguró que las denuncias realizadas en las últimas semanas, pretenden callarlo atacando su labor desde el congreso con una demanda por “pérdida de investidura”.

"Al parecer nuestras denuncias están moviendo sensibles fibras políticas que su respuesta es un ataque que tiene como objetivo la pérdida de mi curul. Pues a esas personas que pretenden silenciarme, les digo que no le va a funcionar y seguiremos firmes e imparables en nuestra labor, el control político hace parte de mis responsabilidades como congresista”, agregó.

Sin embargo, el demandante argumentó que, según la ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, frente al tema de inhabilidades para ser elegido Congresista, su artículo 280 sobre los casos de inhabilidad reza que la causal 3 es “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección”.