Procuraduría abrió investigación disciplinaria a ocho policías por libertad de Timothy Livingston

La procuradora general, Margarita Cabello, confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra ocho policías adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por presuntas omisiones en la diligencia de detención del norteamericano Timothy Livingston, de 36 años, quien fue hallado en el Hotel Gotham de El Poblado por presunto acceso carnal abusivo o actos sexuales con dos menores de 14 años.

Los investigados son cinco patrulleros, un subintendente, un intendente y un subteniente, quienes tuvieron conocimiento del caso el pasado 28 de marzo y debían salvaguardar la escena y los elementos que allí se encontraban.

A inicios de este mes, se había abierto una indagación previa por lo que se consideraron presuntas irregularidades que se dieron en medio de la detención y traslado del estadounidense, pero este martes se dio inicio a la investigación tras conocerse más detalles del fallido procedimiento en el que este quedó el libertad.

“Se abrió porque de las pruebas recaudadas en la indagación previa hemos observado, la Dirección de Investigaciones Especiales observó, que los agentes de policía al parecer, lógicamente dentro del término establecido en la ley para que el acusador continuara con el trámite pertinente, no hicieron la preservación de la escena del presunto delito”, detalló la procuradora Cabello en entrevista con Noticias Caracol. 

Indicó que los uniformados no conservaron la escena pese a elementos como que encontraron a las menores de edad en un jacuzzi con el cuidado de un ciudadano extranjero presente y también, presuntamente, en la escena había condones.

“Había alcohol, había un fuerte olor a marihuana, incluso al parecer una sustancia que podían ser tusi. Con todos estos elementos debió, por lo menos, hacerse lo que se llama la preservación de la escena para efectos de que la Fiscalía o las autoridades actuarán inmediatamente”, explicó la procuradora.

Otra falla del proceso es que no se hizo un llamado inmediato a la Comisaría de Familia o el Bienestar Familiar, para activar las acciones de judicialización correspondientes que había que hacer por estas presuntas o violaciones a los derechos de las menores que se están observando.