Siguen sumándose voces de rechazo por la designación de Jorge Andrés Carrillo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín, como presidente de ISA.
Aunque todavía está pendiente la verificación de los requisitos de Carrillo para ser nombrado oficialmente, dentro de los cuales está la ley anticorrupción de los Estados Unidos, Proantioquia se sumó a los diversos sectores políticos que se han mostrado en desacuerdo y han cuestionado los ruidos que dejó en EPM sobre presuntas malas prácticas, desde el punto de vista técnico y ético.
Precisamente sobre este último punto, este gremio empresarial manifestó en un comunicado que ISA es la tercera empresa pública más importante de Colombia y que por su alto valor estratégico preocupa la eventual llegada de Carrillo “dados los cuestionamientos éticos y legales que pesan contra él y que han llevado a la existencia de investigaciones penales de la mayor gravedad aún no resueltas”.
También indicaron que esta designación en la empresa de Interconexión Eléctrica de Colombia, no tuvo en cuenta el voto de los cuatro miembros independientes encargados de velar por los intereses de los accionistas minoritarios, entre ellos EPM, mismo reclamo que hizo el alcalde y presidente de la junta directiva, Federico Gutiérrez.
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"EPM tiene el 8,8 % de la participación accionaria, por más que sea accionista minoritario, tengo que defender los intereses de EPM y el patrimonio público dentro de la empresa Isa, pero además tengo que defender una entidad pública de todos", dijo el mandatario.
Según Proantioquia, es preocupante, además, el posible riesgo de incumplimiento de la agenda del Foreign Corruption Practices Act 1977 (FCPA) establecida por el Gobierno de los Estados Unidos, pues existen denuncias en diferentes entes de control en Colombia frente a posibles actos de corrupción, lo que según la entidad “pone en entredicho la idoneidad e integridad de quién se encargaría de liderar una empresa con operaciones internacionales”.
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“Reforzar el buen gobierno corporativo y mantener el carácter técnico de ISA es un imperativo para salvaguardar una empresa pública de alto valor estratégico. Lo que pase con ISA nos debe doler a todos los colombianos”, concluyó Proantioquia en su pronunciamiento.
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