A esta hora avanzan las concentraciones en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, los tres puntos en Antioquia del paro minero que se adelanta por lo que consideran incumplimientos por parte del Gobierno nacional. Aunque voceros del Comité por la Vida y la Formalización Minera pidieron a los participantes, que se estima son 30.000 en el departamento, que sean marchas pacíficas, las autoridades tomaron algunas medidas de seguridad, como el refuerzo de patrullas motorizadas en Caucasia, ante cualquier alteración de orden público.
Ley seca por paro minero en Bajo Cauca
Las alcaldías de Cáceres, Tarazá, Caucasia decretaron ley seca, restricción en las mudanzas y transporte de escombros, pipetas de gas o llantas; prohibición en la fabricación y porte de pirotécnicos; y suspensión del porte de armas desde este lunes y hasta nueva orden, con ocasión del paro, que de momento ha causado bloqueos intermitentes en la vía Medellín- Costa Atlántica.
Mientras tanto, desde temprano han llegado delegaciones mineras al sitio de concentración en el Coliseo Cubierto de Caucasia, desde donde se planea a esta hora iniciar la Gran marcha minera, luego de que llegue la caravana desde el municipio de Valdivia y los pequeños mineros del Sur de Córdoba. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, manifestó que los reclamos de los mineros los debe venir a atender el Gobierno nacional, pero que hay articulación de las autoridades regionales para que no haya alteraciones de orden público.
"Son situaciones que solo puede resolver el nivel central. De todas maneras, la Gobernación de Antioquia está integrada con todas las autoridades, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, para atender, intervenir con el fin de que no vayamos a tener mucho traumatismo en las carreteras de Antioquia", expuso el secretario.
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En medio de este paro, Rubén Darío Gómez Cano, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL), denunció que ya no sólo están sometidos a extorsiones de grupos armados como el Clan del Golfo, sino que también hay “topes” que presuntamente cobra la fuerza pública por no destruir la maquinaria que emplean en sus labores.
"Ordena la destrucción de maquinaria, al cual se le dio una nueva reglamentación que le faculta a todas las fuerzas públicas para que destruya esos equipos, constituyéndose esto en una nueva tarifa para la extorsión y el chantaje a los mineros por parte de grupos armados inescrupulosos, entre ellos la propia Fuerza Pública", manifestó.
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Desde la expedición del Código de Minas, según los manifestantes, se abrió un escenario para formalizar y legalizar a los mineros a nivel nacional, por lo que a la fecha llevan ocho o nueve procesos de legalización y formalización, sin que a su concepto haya habido la suficiente voluntad política por parte de los gobiernos anteriores.
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