En medio del escándalo generado por la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección en la que se movilizaban cabecillas de las disidencias de las Farc y que fueron capturados en Antioquia, uno de los mayores cuestionamientos al Gobierno nacional ha estado relacionado con la falta de medidas de seguridad para personas que lo siguen exigiendo.
Uno de ellos ha sido el alcalde del municipio de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, quien públicamente en las últimas semanas ha denunciado el riesgo que corre su vida por constantes amenazas e incluso un atentado sicarial del que fue víctima en el año 2022.
Ante su situación, que inclusive lo llevó a solicitar medidas cautelares para el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Gobernación de Antioquia anunció la destinación de un vehículo blindado para garantizar sus desplazamientos en su municipio y en otras zonas del departamento donde debe hacer presencia por motivos de su cargo.
En medio de esta entrega el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, nuevamente criticó el reciente episodio ocurrido con las disidencias de las Farc.
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"La conclusión que uno saca aquí es que mientras el alcalde de Toledo, el alcalde de San Rafael se encuentra amenazados, no encuentran respuesta del Estado y estos criminales se desplazan fuertemente custodiados teniendo aún órdenes de captura vigente", aseguró el funcionario.
Por una situación similar, ya la Gobernación de Antioquia había dispuesto también una camioneta para el alcalde de San Rafael, Eduin Giraldo, quien durante 2024 ha denunciado por lo menos en tres oportunidades mensajes intimidatorios contra él y su familia.
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El mandatario del Oriente de Antioquia ha asegurado que a pesar de un estudio de seguridad que ha adelantado la Policía Nacional aún no recibe respuesta por parte de la UNP frente a las medidas de protección que debería recibir.