
Bajo la lupa de organismos judiciales estaría la permanencia en su cargo de la mayoría de concejales e integrantes de la Mesa Directiva del Concejo del municipio de La Estrella luego de que ante el Tribunal Administrativo de Antioquia se interpusiera una demanda de nulidad electoral.
Los hechos se fundamentan, según el demandante, Santiago Suárez, en presuntas irregularidades que existieron en la elección de Daniel Ángel Guerra Hernández como secretario General de la corporación en enero de 2024 para ese mismo año.
Como uno de los principales argumentos expresados por parte de Suárez se encuentra la falta de publicidad que tuvo la convocatoria pública para proveer este cargo y que llevó a que Guerra Hernández no solo fuera reelegido, sino que además fuera el único participante en el proceso y que actuara desde el año anterior, el 2023, como interventor del contrato que buscaba llevar a cabo el proceso de selección.
Aunque en una respuesta al caso suscrita por el presidente de la corporación para 2024, Juan Pablo Arteaga, este defendió que la convocatoria fue publicada el 13 de diciembre de 2023, no se demostró ninguna prueba de ello ni tampoco que estuviera en la página web de la entidad.
Un total de 12 concejales votaron positivo, mientras que tres se abstuvieron teniendo en cuenta las presuntas irregularidades que está por estudiar el Tribunal Administrativo de Antioquia . Suárez pidió además que en caso de ser hallados responsables de esta falta se nombre de inmediato a los concejales reemplazantes.
"También lo que le solicitamos es que, en caso de que se declare la pérdida de investidura, pues en la línea siguiente, según el mandato popular, pues entonces que entren otros 12 concejales", señaló
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Otra de las irregularidades que habría tenido el caso tienen que ver con la escogencia de una entidad llamada Asistencia Investigativa SAS ANI Omega SAS PARA llevar a cabo el proceso de selección del secretario General cuando no es ni una Institución de Educación Superior y no cuenta con Acreditación de Alta Calidad, como explicó Suárez en su demanda, indica el artículo 5 de ley 1904 de 2018.