La Sociedad de Activos Especiales interpuso una querella ante el polémico desalojo de las familias asentadas en la Hacienda Santa Helena en Caucasia, que aunque de momento está frenado por una medida provisional concedida por un juez de tutela, se espera no se retome por la fuerza y por el contrario se logre una salida voluntaria de las personas.
Así lo señaló el presidente de la entidad, Daniel Rojas, que en un comunicado enviado al Ministerio del Interior le pidió a Luis Fernando Velasco, cabeza de la cartera, que identifique si algunos de los ocupantes están ligados a grupos al margen de la ley, tras una denuncia que circula en redes sociales. También que coordine a las entidades involucradas del Estado y que se adelante una caracterización.
"Me entero por una publicación en redes sociales de que presuntamente se quiere asociar a los ocupantes con algunos grupos al margen de la ley. Nosotros no defendemos ningún grupo al margen de la ley, entonces precisamente por eso le solicito al Ministerio del Interior que use sus capacidades y haga honor a su misionalidad para que podamos resolver este tema en el marco de la defensa de los derechos humanos", dijo Rojas.
Rojas reiteró que este precio de más de 300 hectáreas está bajo administración de la SAE, por lo que no hay ningún interés de un privado por defender, aunque aclaró que no es la manera de acceder a una propiedad en poder del gobierno.
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"¿Por qué insisten en hacer un desalojo primero aduciendo el respeto por la propiedad privada frente a un caso de extinción de dominio, entonces los intereses de qué privado en este caso estarían defendiendo?", cuestionó.
Por lo pronto, con la acción de tutela en curso, los ocupantes del predio manifestarán las vulneraciones a sus derechos al juez, para tomar la decisión de si ampara o no.
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