Con una tutela un ciudadano buscaba que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo desbloqueara de redes sociales. El accionante reclamaba derechos fundamentales como la información y la libertad de expresión.
El Juzgado 24 Civil de Medellín admitió y, posteriormente, negó las pretensiones de una tutela con la que un ciudadano identificado como Miguel Gutiérrez pretendía que el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo desbloqueara de la red social 'X'.
La particular petición de Gutiérrez tuvo como origen el polémico mensaje del mandatario seccional frente a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que se toman más tiempo del que estipulan sus programas académicos para graduarse de la institución.
El tutelante relató a Blu Radio que tras algunos comentarios fue bloqueado por el perfil del gobernador.
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Con el recurso jurídico, el afectado argumentó que buscaba garantizar de cara al futuro derechos como la información y la libertad de expresión en medio de contextos digitales cada vez más utilizados por gobernantes de todo el mundo para hacer importantes anuncios y referirse a temas de interés público y que deberían generar debates diversos.
“Más allá de que la gente piense que es que uno es un destripado que un calzón que no sé qué aquí lo que queremos es prevenir el escenario político y de acceso a la información y de libertad en el futuro tenemos que ver que las redes sociales para muchos de los que debemos contenido queremos tener libertad”, aseguró.
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El afectado incluso catalogó las acciones del gobernador contra su cuenta y la de otros ciudadanos como censura: “Yo quiero que la gente piense que es para ellos en los 90 llegar a alguien y les apagará el televisor cuando el gobierno eso para nosotros en el 2023 significa coartar”, agregó.
Frente a este tipo de pretensiones en el país ya hay precedentes similares como el ocurrido en 2019 cuando la entonces concejal de Bogotá por la Alianza Verde, María Fernanda Rojas, logró que el alcalde Enrique Peñalosa la desbloqueara de sus redes argumentando la necesidad de acceso a la información del mandatario para el ejercicio de su misión de control político.