En medio de operativos por parte de la fuerza pública contra la minería ilegal que se han intensificado en los últimos días por las alertas que hay sobre la cuenca del río Porce y que estarían poniendo en riesgo la generación de energía en la central Porce III, en el Norte de Antioquia, mineros informales y ancestrales de la región se movilizarán nuevamente.
Así lo afirmó Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera de Segovia-Remedios, quien indicó que en la tarde de este jueves se preparan plantones en al menos cinco puntos que incluyen a otras localidades como Amalfi, San Roque y Anorí.
La principales inconformidades del gremio, según Marín, están relacionadas con el poco cumplimiento que el Gobierno nacional ha tenido de los compromisos alcanzados en el más reciente paro especialmente en relación con los procesos de caracterización y formalización, así como operativos de las autoridades que terminan en destrucción de maquinaria.
"El Gobierno ha incumplido y no ha sido capaz de identificar la minería ancestral y tradicional en los territorios, a pesar de que existe la ley 2250 y en ella está el Plan Único de Formalización Minera. Eso era lo que pedíamos en la manifestación, identifíquenos para que la Unimil, la Policía Nacional no nos siga tratando como terroristas", señaló Marín.
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Según el líder minero, esta se convertiría en “la tercera y última advertencia” antes de lo que podría ser un nuevo paro en la subregión, por lo que solicitaron a las autoridades espacios de diálogo que permitan dar cumplimiento a compromisos asumidos.
Pero a pesar de estas solicitudes, la fuerza pública continúa con una fuerte ofensiva especialmente en el cañón del río Porce, donde en el reciente fin se semana destruyeron seis retroexcavadoras durante un operativo en el que además fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Órden, antiguo Esmad.
El general José James Roa, director de la Policía de Carabineros, aseguró que varias de estas labores cerca a la central Porce III están siendo instrumentalizadas por grupos ilegales como el Clan del Golfo y el ELN.
"Estas estructuras coaccionan a las personas que explotan estos yacimientos mineros, les piden un porcentaje con el propósito de dejarlos trabajar", manifestó el uniformado.
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En caso de que este tipo de acciones ilegales persistan en las cercanías de este afluente, EPM ha advertido que al menos cinco municipios aguas abajo de la central estarían en riesgo por cuenta de niveles inesperados en varios ríos.
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