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Más denuncias de corrupción en Medellín: habrían malversado $6.000 millones en Área Metropolitana

La denuncia de Todos X Medellín advierte que esos recursos obedecen a seis contratos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, entre 2020 y 2021.

Sede metropolitana del Valle de Aburrá.
Sede metropolitana del Valle de Aburrá.
Cortesía: Área Metropolitana

La veeduría Todos por Medellín denunció ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana en el cual se habrían malversado más de 6.000 millones de pesos en seis contratos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021.

Sobre los contratos


Se trata de seis contratos firmados entre 2020 y 2021 entre esa autoridad ambiental con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, que incluían asuntos como la impartición de cursos de atención prehospitalaria e implementos contra la COVID-19, kits, y un viaje al extranjero para 25 socorristas, además de talleres y seminarios para la comunidad que incluían la entrega de 3.000 paquetes de camisetas, gorras y tapabocas.

En su momento, esos contratos llamaron la atención por su cuantía, uno de ellos llegando casi a los 6.000 millones de pesos, pero también por la elección de ese Cuerpo de Bomberos sin una capacidad técnica significativa en comparación a otros del Valle de Aburrá e, incluso, teniendo que subcontratar bomberos de Cali para impartir cursos de alta especialización con la cual no contaban.

Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín, destacó que la reciente denuncia es producto de un proceso jurídico para acceder a la información y encontrar allí elementos relevantes que ameritan una investigación.

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“Esa denuncia la presentamos luego de un largo litigio con el Cuerpo Bomberos de Itagüí, entidad que se negó a entregar información pública de esos contratos, pero, luego de la decisión de un juez de tutela y de varios incidentes de desacato, recibimos la información suficiente para poner en consideración de las autoridades las posibles inconsistencias”, afirmó.

Los delitos que presuntamente se habrían cometido están relacionados con interés indebido en la celebración de contratos con fines económicos y electorales, irregularidades en la supervisión de los contratos y legalización de actividades sin los debidos soportes de su ejecución.

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Esto daría lugar, según Restrepo, a un posible peculado por apropiación en favor de terceros.

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