El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín admitió la acción popular en contra de la Alcaldía de Medellín, el Concejo Distrital y EPM, en la que se argumenta que se afectan derechos colectivos y el patrimonio público, tras la aprobación del acuerdo que permite la enajenación de las acciones que tiene la compañía paisa en Tigo UNE.
Esteban Manco, magíster en Derecho Político y docente universitario, manifestó a Blu Radio como abogado de este caso, que la admisión de esta acción popular podría impactar en el proceso de la venta, pues según insistió, no se cumplió el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Hacienda debía enviar a los concejales el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM en UNE, por lo que ello vicia el acuerdo 012 del 2024.
"Ya existe un panorama problemático, de problemática constitucional, en la continuación de la venta de estas acciones por parte de EPM. Hay allí un posible problema jurídico que deberá soportar el proceso en el transcurso, en la venta, y aquellas personas adquirentes quienes vayan a comprar tendrán que conocer que hay una acción popular en curso y que eso puede afectar las compras que ellos hagan y devolver esas acciones", detalló Manco.
Según Manco, el avalúo preliminar de las acciones de Tigo UNE y de Invertelco, se dieron a conocer por “una declaración política del alcalde Federico Gutiérrez”, de 1.6 billones de pesos, lo que se considera como un valor que no tiene sustento técnico ni económico y que afectan el patrimonio público, si se tienen en cuenta que en la administración anterior, una firma brasileña las estimó en entre 2,3 a 2,8 billones de pesos. Por ello, la acción popular además solicita una medida cautelar que se espera se resuelva en un mes y podría ordenar la suspensión de esta venta, mientras se decide el fondo del asunto, lo que pondría en riesgo el normal desarrollo de la venta de estas acciones en el mercado.
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El abogado manifestó que llama la atención la respuesta dada por EPM, argumentando que no estaban en la obligación de dar a conocer este valor antes de que se aprobara el proyecto, pese a que así lo estima el artículo 8 de la ley 226 del 95: "EPM, el Consejo y la Alcaldía afirman que no cumplieron el artículo ocho, el cual obligaba como deber para que los concejales conocieran esta presentación del avalúo preliminar y del plan general de enajenaciones, porque dices, UNE no era del Distrito de Medellín, sino de EPM, pero con un argumento muy débil porque el artículo 1 de esa ley 226 que ellos dijeron que cumplieron establece que esa ley se le aplica para todas las empresas que tengan capital público", explicó el abogado.
Ante la acción popular, el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, dijo a Blu Radio que hay tranquilidad jurídica por cómo se desarrolló el debate de este tema en la corporación y que no se incumplió la ley. Incluso, indicó que una tutela con la misma pretensión no prosperó.
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"La exigencia de tener un valor concreto, no solamente en los libros, que era el que se exige normativamente, sino un valor concreto más enorme en materia de mercado, previo a una aprobación del Concejo, corría el riesgo de convertirse en un gasto adicional eventual para EPM después de que el Concejo aprobara. ¿Por qué? Porque antes de la aprobación del Concejo hasta el punto eventual de la venta pasa un año y medio y eso haría que el dinero que se gastara EPM en su momento para hacer un avalúo se perdiera en un nuevo avalúo que tenía que hacerse un año y medio después. Un asunto que jurídicamente no tiene ninguna discusión", detalló Tobón.
Se espera que pronto la firma contratada por EPM dé a conocer el avalúo de las acciones y la compañía lo informe al mercado.
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