La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó 90 habitantes del corregimiento de San José de Apartadó para participar en el Caso 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá. Estas personas demostraron haber sufrido multiplicidad de hechos victimizantes, como homicidios, masacres, asesinatos de líderes comunales, desplazamientos forzados e incendios de propiedades.
Según relataron las víctimas, los hechos no solo ocurrieron allí, sino también en otros municipios como Carepa, Dabeiba, Mutatá, Turbo, Unguía y Riosucio entre 1972 y 2012, y los presuntos responsables serían exintegrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública que operaban en estos municipios de Antioquia y Chocó.
Ya acreditados como víctimas, estas podrán aportar pruebas, participar en audiencias, acceder a información, conocer sobre los avances del proceso y recibir acompañamiento psicojurídico. "Todo esto con miras a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición", señaló esta jurisdicción.
Según dio a conocer la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad prioriza la situación territorial de Urabá a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. En esta investigación, la magistrada Nadiezhda Henríquez, como relatora, busca establecer responsabilidad y esclarecer la verdad de crímenes de guerra como muertes violentas, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, métodos y medios prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, omisiones de la fuerza pública, daños ambientales y daños a bienes de la población civil que fueron cometidos por miembros de la fuerza pública, antiguos integrantes de las Farc-EP y terceros civiles que comparecen ante la JEP.
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