ISA pide a Consejo de Estado declarar reserva de documentos en elección de Jorge Carrillo

Luego de que hace casi un mes el Consejo de Estado solicitara las actas y documentos que soportaran el nombramiento del exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA , la compañía de energía podría no llegar a aportar estos elementos al alto tribunal.

La situación, que aumenta las dudas para varios sectores políticos la escogencia de Carrillo, se deriva de la reciente solicitud que hizo la empresa al Consejo de Estado acerca de declarar la reserva de documentos toda vez que “existe el riesgo de que una multiplicidad de datos personales privados, sensibles y semiprivados del presidente electo y los demás candidatos sean expuestos o filtrados al público en general”, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad.

“Los documentos que se aportan están sujetos a la reserva comercial prevista en el artículo 61 del Código de Comercio, al secreto profesional y a la reserva de los datos personales contemplada en la Ley 1581 de 2012”, se lee en la carta remitida por ISA a través de su representante legal, Sonia Margarita Abuchar.

La opacidad alrededor del nombramiento de Carrillo genera ruidos especialmente en la capital antioqueña, donde EPM tiene el 10.17% de participación en ISA y donde notan una renuencia extraña la hora de compartir la información solicitada.

El concejal Alejandro De Bedout cuestionó que la reciente solicitud haya venido después del plazo que se pidió mientras la Junta Directiva sesionaba para aprobar dichas actas.

"Vamos a estar muy pendientes de todo su actuar y haciéndole seguimiento a los diferentes procesos que tiene este señor. Le queda uno sin sabor porque entonces acá premian con altos cargos a las personas que presuntamente cometieron delitos de corrupción y que ahora entonces los premian con un mejor cargo en el Gobierno Nacional", indicó el corporado de la capital antioqueña.

A mediados de agosto Carrillo fue elegido por la Junta Directiva de ISA , donde tiene mayorías el Gobierno nacional, con un resultado de cinco votos a cuatro, y buena parte de la oposición a su llegada a este cargo se justifica en hechos de presunta ocupación durante su paso por EPM en la administración de Quintero.

La firma de un contrato por 251 mil millones de pesos para un piloto de vehículos recolectores con sistema cargue lateral que fue tumbado por el alcalde Federico Gutiérrez y el proceso que terminó adjudicando a un nuevo consorcio la finalización de obras en la central Hidroituango, son algunos de los elementos que han generado mayor rechazo.