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Indígenas confinados en Dabeiba, Antioquia, recibieron ayudas humanitarias de la Unidad de Víctimas

La disputa territorial entre el Eln y el Clan del Golfo y las minas antipersona impedían que estos se movilizaran y salieran a conseguir alimento y pescar, aunque ahora dicen estar "tranquilos".

Ayudas humanitarias para indígenas en Dabeiba, Antioquia
Unidad de Víctimas

Después de vivir con miedo y encerrados en sus tierras por los enfrentamientos entre grupos armados y el peligro de las minas antipersona que acabaron con varias vidas, los indígenas del resguardo Amparradó Alto en una lejana zona selvática de Dabeiba, en Antioquia, recibieron alimentos y elementos de aseo.

La Unidad para las Víctimas llegó con toneladas de ayuda humanitaria, pues según informaron, esta población fue priorizada como parte de un plan de la entidad para responder a los confinamientos causados por el conflicto armado, que han aumentado en los últimos años en departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño y Valle de Cauca.

Luis Eduardo Guaseruca, gobernador del resguardo Amparradó Alto, señaló que por ahora están más tranquilos porque cesaron los enfrentamientos. “No podíamos salir por los caminos ni a los montes porque estaban minados y eso nos tenía asustados. También tuvimos muertos por esas minas”, dijo.

Las autoridades han tenido que hacer acompañamiento a más de 1.000 indígenas afectados por desplazamientos forzados y confinamientos en siete comunidades alejadas entre Dabeiba y Frontino.

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“Desde el principio de estas emergencias hemos llegado a los territorios más alejados para mitigar los daños y procurar soluciones a estas comunidades tan apartadas y afectadas por el conflicto armado”, informó la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño.

La entidad informó que desde el año 2019, además de socorrer a la población con estas ayudas humanitarias, se coordinaron acciones con la alcaldía de Dabeiba y otras entidades para mitigar los daños comunitarios y garantizar la declaración de los hechos victimizantes y servicios de salud, educación y el gobierno propio.

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Desde 2016, más de 156.000 personas de más de 700 comunidades en Colombia han sido confinadas en sus propios territorios por las acciones de grupos armados ilegales. Desde 2022, el plan de choque atendió a más de 25.000 víctimas de poblaciones indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueras y campesinas.

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