La Fiscalía General de la Nación imputó por peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la exdirectora del Inder Medellín, Diana Toro. La exfuncionaria de la administración de Daniel Quintero fue imputada por el presunto peculado de cerca de 2.000 millones de pesos en contratos con Metroparques y CYAN Eventos y Logística.
Según reveló la veeduría 'Todos por Medellín', dicho convenio tenía disposiciones de más de 500 millones de pesos para baloneria, cerca de 30 millones para implementación deportiva, una cifra superior a los 70 millones de pesos para medallería y más de 1.300 millones de pesos para temas de uniformes. Estos recursos ascienden a una suma superior a los 1.900 millones de pesos por los que la exdirectora del Inder está siendo investigada.
Hay que recordar que por irregularidades relacionadas con estas entidades ya fueron imputados el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano, y el representante legal de CYAN quienes tendrán la audiencia de acusación la primera semana de noviembre. Además, la Fiscalía General de la Nación estudia la posibilidad de unir los dos casos y llamar a Toro a la audiencia que se hará en las próximas semanas.
Mientras está decisión se toma es importante destacar que en uno de los tantos contratos pactados entre las tres entidades fue firmado por cerca de 19.000 millones de pesos y habría tenido un detrimento patrimonial superior a los 3.000 millones de pesos según se pudieron determinar la autoridades investigadoras.
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En lo que la Fiscalía General de la Nación llamó, "cometer delitos contra la administración pública", hay también un contrato de 49.000 millones de pesos que se le habría dado a Metroparques para que posteriormente seleccionara como operador a CYAN Eventos y Logística.
Finalmente, hay que indicar que hace algunos meses la empresa contratista, CYAN, realizó una solicitud de acogimiento a ley de insolvencia, ya que a pesar de haber tenido contratos por más de 50.000 millones de pesos en los últimos tres años, actualmente tiene obligaciones por más de 8.600 millones de pesos. Sin embargo, el trámite fue denegado por la Superintendencia de Sociedades.
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