En un dolor de cabeza, más que en un alivio y una oportuna respuesta para los menores de edad, podría convertirse la entrada en vigor desde este 1 de julio de la medida que indica que, ahora, serán defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los que asumirán la responsabilidad de restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual , independientemente de si el agresor es o no un miembro de su familia.
A pesar de que esta decisión se tomó pensando en una atención mucho más integral y oportuna de estos delitos, en la capital antioqueña particularmente la situación podría agravarse .
Así lo advirtió el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que en los próximos días se reunirá con la directora seccional de la entidad para abordar esta situación, pues tanto las comisarías de familia como la misma entidad nacional no dan abasto para atender estos reportes.
"Yo ya me he comunicado con la directora del ICBF, eso es un tema que hay que analizar muy bien porque una de nuestras prioridades, ustedes lo saben, es fortalecer las comisarías de familia para recibir las denuncias pero sobre todo para restablecer derechos, no solo recibir la denuncia, ¿qué se gana con recibir la denuncia y no se actúa?", reconoció Gutiérrez.
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De acuerdo al mandatario, a principios de 2024 había hasta 14.000 procesos represados en comisarías de familia de Medellín, pero con la nueva medida se trasladarían, sin la capacidad suficiente de atender, hasta 504 casos, la mayoría de ellos relacionados con delitos como actos sexuales con menor de 14 años (239) y acceso carnal abusivo con menor de 14 años (103).
Como medida para hacer frente al represamiento de casos, desde hace varios meses desde la Administración Distrital indicaron que se ha dado prelación a denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar, medidas de protección y procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad por distintas situaciones.