El gremio de hospitales públicos de Antioquia celebró el anuncio de la Procuraduría General de la Nación que le dio traslado a la Fiscalía del caso de los 24 hospitales en el país que habrían hecho cobros excesivos, a través de cobros coactivos a entidades como la Nueva EPS.
Para el caso de Antioquia , fueron 12 hospitales los que cobraron más de 56.000 millones de pesos solo a esa EPS, de los cuales la Procuraduría indicó que indagarán a al menos siete, que son los centros asistenciales de Chigorodó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá, Caucasia, Santa Bárbara y Concordia.
Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) explicó que, incluso, desde este gremio de hospitales públicos, ya habían solicitado precisamente intervención a los entes de control, porque por esta razón, hay una especie de "castigos con los pagos".
"Hubo también hospitales que hicieron cobros indebidos, o sea, que cobraron más de la cuenta. A esos hospitales que cobraban la cuenta, que la Procuraduría y la Fiscalía les haga volver la plata, porque es que nosotros tampoco podemos alcahuetearle a los que hacen las cosas mal. Nosotros no podemos defender a los que hagan mal las cosas", detalló.
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Por lo pronto, este gremio pidió a la Nueva EPS continuar con los pagos para todos los hospitales, que según Sánchez no se reciben desde el mes de junio, pues estos cobros se adelantaron en administraciones anteriores y así se pone en riesgo la prestación de servicios para los pacientes.
"Esas decisiones fueron entre el 2019 y el 2022 y los gerentes que están sufriendo las inclemencias de esas decisiones son los del 2024, entonces le estamos diciendo a la Nueva EPS hagamos un acuerdo, que lo que pasó en esos años se resuelva jurídicamente con la Fiscalía, Procuraduría, con quien tenga que ser, pero que del 2024 hacia acá sigan pagando mensualmente lo que facturen, para que los hospitales puedan tener un oxígeno financiero y puedan funcionar", dijo el directivo.
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La Procuraduría alertó sobre la presunta existencia de abogados que asesoran a los representantes legales de las E.S.E. para el ilegal recaudo, con pactos, al parecer, de honorarios de hasta el 30% del valor de las sumas recaudadas. Esto hace que, por ejemplo, en entidades que cobraron 3.000 millones de pesos, su representación jurídica habría cobrado 900 millones de pesos.
Otro de los puntos que llama la atención es que no haya habido una defensa jurídica, por parte de la Nueva EPS, en su momento para evitar que se adelantaran estos cobros excesivos.
Por lo pronto, los hospitales que indagará la Fiscalía por estos cobros son los hospitales María Auxiliadora de Chigorodó, Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte, Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, Pedro Nel Cardona de Arboletes, La Anunciación de Mutatá, Santa María de Santa Bárbara y el Hospital Cesar Uribe Piedrahita, de Caucasia.
Otras entidades como Coosalud, Savia Salud, Seguros del Estado y Sura fueron objeto de cobros coactivos, por parte de entidades del departamento.
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