La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre ocho inmuebles en Medellín utilizados por redes delictivas para la explotación sexual de menores y la venta de estupefacientes.
Las propiedades, ubicadas en la comuna 10 (La Candelaria) y avaluadas preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, incluyen hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos.
“Los elementos de prueba indican que los propietarios habrían omitido su deber de custodia y control sobre los predios, y permitieron que fueran utilizados para diversas actividades ilegales, y atentar contra la formación e integridad sexual de niños, niñas y adolescentes”, dijo la Fiscalía.
Según las investigaciones, los inmuebles servían como puntos para inducir a menores a actividades sexuales o almacenar y distribuir drogas al menudeo. “Los propietarios omitieron su deber de custodia y permitieron que los predios fueran utilizados para actividades ilegales, atentando contra la integridad de los niños y niñas”, indicó la Fiscalía.
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Las diligencias de ocupación fueron realizadas con apoyo de la Policía Nacional, y durante el proceso se constató que algunos de estos inmuebles ya habían sido sancionados administrativamente por la Alcaldía de Medellín y estaban involucrados en investigaciones penales.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades mientras se determina su destino final. Estas acciones son un golpe a las estructuras criminales que operan en el centro de Medellín, buscando frenar actividades que afectan gravemente a la comunidad.
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