Fiscalía imputó a exfuncionarios y excontratista de alcaldía Quintero por presunta corrupción

Tal y como había sido anunciado a finales del año anterior por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, se siguen conociendo avances en casos de presunta corrupción que involucran a funcionarios de la pasada administración de la capital antioqueña.

Y es que el ente acusador imputó los cargos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos contra el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano; la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego; y la representante de la Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao.

Estas personas son señaladas de haber ejecutado acciones con el objetivo de favorecer a ciertos contratistas para el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, una actividad de la que históricamente se había encargado el Jardín Botánico pero que a través de un contrato interadministrativo pasó a manos de Metroparques luego de que a esta entidad también se le cambiara su objeto social.

Así lo explicó Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, entidad que denunció una posible cartelización en esa entidad del conglomerado público de Medellín.

"Se pusieron de acuerdo para favorecer a esta empresa particular ya que no pudieron lograr su cometido clientelar poniendo a cierta organización en el Jardín Botánico y por tanto obran a través del convenio interadministrativo", explicó.

Durante la diligencia de este 15 de enero la entidad acusadora aseguró que cuenta con suficiente material para probar también la forma como desde el año 2020 Metroparques realizó invitaciones privadas a tres empresas con fuertes vínculos familiares y que presentaron propuestas casi idénticas, algo que según Restrepo desvela un modus operandi recurrente para apropiarse de recursos públicos.

"Yo creo que es muy diciente y lo más importante es que entendamos es que esta fue una forma de operación para apropiarse de recursos público, y ese fue uno de los ejemplos, entonces que avance es muy importante", indicó.

Los involucrados en el caso no se allanaron a los cargos imputados y ahora la Fiscalía tendrá hasta seis meses para avanzar en la construcción del escrito de acusación.