El nombre de Alexandra Agudelo de nuevo salió a relucir por cuenta de al menos cinco contratos suscritos entre el año anterior y este, con las alcaldías de los municipios de San Diego y La Gloria, en el departamento del Cesar .
Los hechos vienen generando polémica, pues la exsecretaria de Educación de Medellín, en la administración de Daniel Quintero , además de estar involucrada en investigaciones por parte de la Fiscalía, quien le imputó los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros, en noviembre de 2023 la Procuraduría la inhabilitó por 8 años para ejercer cargos públicos, en una decisión de primera instancia. También tuvo en medio del proceso casa por cárcel.
El concejal Alejandro de Bedout cuestionó que la exfuncionaria sea contratista, cuando aún está en curso un proceso penal en su contra por los contratos que se firmaron en medio de la pandemia para la atención de niños y madres gestantes beneficiarios del programa Buen Comienzo, además de la supuesta sanción de inhabilidad de la Procuraduría.
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Sobre este último punto, Blu Radio constató que según los registros abiertos del Ministerio Público, Agudelo “no registra sanciones ni inhabilidades vigentes”.
Lo cierto es que suscribió contratos de prestación de servicio con la Alcaldía de la Gloria en abril de 2024 por 12 millones de pesos para la atención como psicóloga a casos atendidos por la Comisaría de Familia en zona rural, en un término de tres meses. Luego, en mayo de ese año, fue contratista de la Alcaldía de San Diego, por honorarios de 10.500.000 pesos para la “prestación de servicios profesionales para fortalecimiento del programa de calidad, cobertura y fomento de la educación”, en los siguientes tres meses.
Para el mes de agosto, de nuevo firmó un convenio con la administración municipal de La Gloria, por el mismo monto, para otros tres meses y con las mismas funciones. Posterior a ello, en octubre suscribió un contrato para "el diseño e implementación de políticas públicas de juventudes del municipio de San Diego", por 7 millones de pesos para dos meses.
El más reciente conocido tiene como fecha el 13 de febrero de este año, cuando acordó con la Alcaldía de San Diego un contrato por cinco meses para fortalecer el programa de calidad, cobertura y fomento de la educación.
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“Le tocó esconderse bien lejos, pero nosotros la encontramos. Durante su gestión, fue señalada en múltiples ocasiones por presuntamente favorecer a Albert Corredor. Las denuncias apuntaban a presiones ejercidas sobre contratistas de la Secretaría para que apoyaran su campaña política. Recordemos también que trabajó en el CENSA, propiedad de Corredor”, criticó el concejal.
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