Tres semanas después de conocerse el laudo arbitral que obligaba a Empresas Públicas de Medellín a pagar una multa a la Sociedad Hidroituango por los daños y perjuicios causados a raíz de los retrasos en la entrada en operación de la central, la compañía informó que pagará la suma de setecientos ochenta y un mil ochocientos veintiocho millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos ($ 781.828.888.350) por concepto de las “Cláusulas Penales de Apremio por Incumplimiento de Hitos”, como un menor valor del costo del proyecto para efectos del cálculo de la Remuneración, una vez se cumplan los supuestos para ello.
En el comunicado que fue publicado en la página de la Superfinanciera, EPM aclara que la decisión no tiene “un impacto en la liquidez de la empresa en el mediano plazo y no se requieren fuentes adicionales de financiación”.
De igual forma agrega que el reconocimiento de esta obligación “será como un gasto provisión en el estado de resultado integral y como un pasivo por provisión en el estado de situación financiera, de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF)”.
Finalmente la compañía aseguró que continúa evaluando la pertinencia de ejercer las acciones y recursos legales en defensa de sus intereses.
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