Terminaron los alegatos de conclusión de la defensa de los 10 empresarios de Chiquita Brands , quienes enfrentan acusaciones de concierto para delinquir por presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2004. Las víctimas del paramilitarismo en Urabá han denunciado constantes dilaciones en el proceso judicial, que ahora se aproxima a su desenlace.
En esta etapa final, la defensa de los acusados dijo que los empresarios fueron objeto de extorsiones por parte de las AUC. Según su versión, los pagos realizados a través de las Convivir fueron legales y quedaron registrados en el sistema financiero. Además, sostienen que en esa época no se conocía públicamente la vinculación de estas cooperativas con el paramilitarismo, lo cual ha sido contradicho con evidencias.
Por otro lado, el abogado Jaime Lombana, representante de Jorge Cadavid, señaló que la responsabilidad de los pagos recaía sobre Chiquita Brands y no sobre Banacol, empresa que adquirió a Banadex, filial de Chiquita Brands. Sin embargo, según las investigaciones, los pagos continuaron hasta 2004, lo que sigue siendo objeto de escrutinio judicial. Al respecto se refirió el abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega.
"Dicen también que no conocían la relación entre las Convivir y los paramilitares. Eso era un hecho notorio, era un hecho de conocimiento público. Todo el mundo en Urabá sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad en el día y paramilitares de noche", destacó Vega.
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El caso, que fue denunciado hace más de 18 años, está en riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre si la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia no dicta sentencia a tiempo, por lo que las víctimas piden justicia. Así lo expresó Alfranio Solano Morales, víctima del conflicto y líder social de Urabá.
"Es bastante preocupante porque ya está que prescribe toda esta solitud y que se han hecho y nosotros no hemos recibido ninguna reparación, ninguna ayuda, nos tocó levantarnos desde cero nuevamente. La idea es que todos los que fueron, que se les hizo un daño, hoy puedan volver a su tierra", manifestó Solano.
Este juicio es crucial para las víctimas directas del paramilitarismo en Colombia, teniendo en cuenta que esta compañía ya fue objeto de decisiones judiciales en Estados Unidos.
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