En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló de la controversia por el uso de vehículos oficiales por parte de disidentes en Antioquia. Esto luego de que lunes se interceptaron en Antioquia varias camionetas de la UNP que transportaban a guerrilleros, quienes portaban armas y grandes sumas de dinero.
Rodríguez explicó que el movimiento de estas personas se enmarca dentro de los protocolos establecidos por el alto comisionado para la Paz.
“El país sabe que hay unos procesos de paz que están surtiéndose y que los está coordinando el Alto Comisionado para la Paz. Dentro de esas conversaciones, se generan unos protocolos para los desplazamientos necesarios”. comentó Rodríguez.
Frente a la crítica de que estos vehículos representan un "premio" para los disidentes, Rodríguez aclaró que eso no es cierto, que solo ofrecen protección.
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Nosotros no, la Unidad Nacional de Protección no funciona en esa tónica de que eso es un premio, es sencillamente, nosotros entregamos protección, protección es protección
El proceso de paz con disidencias de las FARC incluye el levantamiento de órdenes de captura como un mecanismo para facilitar las negociaciones. Según Rodríguez, los disidentes deben movilizarse para cumplir con los compromisos de los diálogos de paz.
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“Hay un proceso especial que es el proceso de paz. Es una cosa extraordinaria, porque se trata de traer a unos tipos que están causando muertes, pero que están dispuestos a venirse a un proceso de paz y a dejar esas actividades”, explicó.
El director también mencionó que existen estrictos protocolos para estos desplazamientos: “Los vehículos son asignados a un grupo de personas y son a esas personas. No se pueden subir personas distintas y menos si tienen orden de captura”, enfatizó. Sin embargo, admitió que hubo fallas en el procedimiento y reconoció la necesidad de mejoras para evitar futuros incidentes.
La presencia de armas y dinero en los vehículos ha generado serias dudas sobre la integridad de los procedimientos de la UNP y la efectividad de los protocolos de seguridad. Al respecto, Rodríguez respondió que el porte de armas es ilegal y que las autoridades deben investigar estos hechos para determinar su origen.
Rodríguez mencionó que existen sanciones para los protegidos que infringen las normas. “Hay unas sanciones, pero es que lo que pasa es que este es un proceso especial. Normalmente, si la cosa es reiterativa, se puede perder el esquema de protección”, indicó. No obstante, subrayó que las decisiones finales deben pasar por el Alto Comisionado para la Paz.
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