La Defensoría del Pueblo aseguró que el paro armado del ELN tiene confinadas a alrededor de 45.000 personas en Chocó, afectando a 85 comunidades étnicas de las cabeceras municipales, por lo que pidió una urgente intervención del Gobierno Nacional.
A más de 72 horas de que la guerrilla del ELN anunciara el inicio de un paro armado para buena parte del sur del departamento de Chocó, el panorama humanitario se recrudece por cuenta del temor a las acciones de armadas de este grupo ilegal o del Clan del Golfo, que persiste en la disputa del territorio.
Según el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, hay un total de 85 comunidades étnicas, unas 45 mil personas, de los municipios de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, las que están en confinamiento total. De ellas, casi ocho mil, están teniendo simultáneamente afectaciones por inundaciones del río San Juan, lo que agrava el panorama para atender sus necesidades y acceder servicios fundamentales.
“Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado. Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan”, relató el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, se refirió a la problemática.
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Así mismo, insistió el defensor Balanta, que es oportuno que el Gobierno nacional atienda con autoridades regionales las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan desde el 2021, donde según informes de seguimiento durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024.