Daniel Quintero confía en que no habría sanción de la Procuraduría por su video “cambio en primera”

Blu Radio conoció que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle , espera que este miércoles no haya una decisión en firme de la Procuraduría por su supuesta participación en política.

Por el vídeo del cambio en primera en las elecciones presidenciales del 2022 el ente de control busca sancionar al exmandatario.

Sobre esta mañana continuará el juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, en donde la Procuraduría argumenta que Quintero habría utilizado su cargo para participar en controversias políticas.

La gran prueba que tiene hasta ahora el órgano de control es el vídeo que subió Daniel Quintero el 9 de mayo de 2022 a su cuenta de Twitter y en donde lanza un mensaje similar a la ideología de la campaña de Gustavo Petro.

La Procuraduría también tendría como material probatorio dos publicaciones de Quintero en donde se le ve muy cercano al Pacto Histórico. Por esto, el ente se comprometió a sancionar al exmandatario.

Una vez se llevó a cabo el primer juicio en donde se mostraron las pruebas anteriormente mencionadas, Quintero no aceptó los cargos y su abogado pidió la nulidad del caso, ya que era un juicio político.

"Me refiero a la sentencias que han sido proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde le ha dicho a la Procuraduría, ustedes no pueden, como funcionarios administrativos, seguir adelantando esas sanciones", indicó Germán Carvajal, abogado defensor de Daniel Quintero Calle.

Ante la defensa de Carvajal y algunas pruebas que pidió para el juicio de hoy, como conocer si el eslogan del Pacto Histórico era el cambio en primera o si Quintero Calle hizo alianzas con ese partido, el exmandatario le aseguró a Blu Radio que hoy no habría decisión, ya que al proceso le falta mucho.

Además, Daniel Quintero nos manifestó que después del fallo que tumbó la sanción de Rodolfo Hernández se debería archivar su caso, puesto que se puede concluir que al momento de resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular, se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.