Varios cuestionamientos y dudas en algunos sectores afines al actual gobierno de Antioquia ha generado la llegada a la administración de María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín en el periodo 2019-2022, pero que renunció a la curul antes de terminar su periodo tras diferencias con el Centro Democrático .
Y es que recientemente se conoció un contrato de Aguinaga suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) para la “prestación de servicios profesionales de apoyo a la gerencia general la gestión de proyectos, planeación, análisis, implementación, articulación y acompañamiento” de diferentes procesos de esta entidad que hace parte del conglomerado público del departamento.
Tras hacerse viral este cargo, las críticas en redes sociales, incluso de algunas figuras políticas de Medellín y la región no se han hecho esperar, pues señalan a Aguinaga desde su gestión como concejal también responsable de la cuestionada administración que tuvo el alcalde Daniel Quintero al frente de la capital antioqueña.
Por ejemplo, los actuales concejales Andrés Tobón y Sebastián López, en sus cuentas de X se pronunciaron rechazando esta situación. Tobón calificó a la exconcejal como “mercenaria” y aseguró que hizo parte de la estructura que permitió a Daniel Quintero “hacer lo que quiso”. Por su parte, López manifestó que el gobernador Andrés Julián Rendón no estaba enterado de la situación y que la ciudadanía de Medellín rechaza ese nombramiento.
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Al respecto Aguinaga se ha pronunciado defendiendo las razones que la llevaron distanciarse del Centro Democrático en medio de lo que se denominó como el ‘Pacto de Chuscalito’ donde varios concejales de ese partido habrían acordado una coalición con sectores de la corporación afines a la administración Quintero y no votar por Simón Molina para el cargo de presidente de la Mesa Directiva.