Contraloría cuestiona reclamación por seguros en Hidroituango y propuso actuación de control fiscal

Durante su visita a Medellín el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga aseguró que el seguimiento que un equipo auditor de la Contraloría hizo de manera permanente a la central hidroeléctrica en el norte de Antioquia y que terminó el pasado 30 de noviembre arrojó alertas que en el concepto de la entidad ameritan la apertura de una actuación de control fiscal intersectorial en cuatro aspectos.

El primero de ellos está relacionado con el costo total de la obra donde finalmente resultaron invertidos 21 billones de pesos en comparación con el valor estimado inicialmente que era de 10 billones.

De esa diferencia, el vicecontralor recordó que ya se recuperaron un poco más de 4 billones de pesos producto del reconocimiento que hicieron las aseguradoras por el siniestro de 2018, pero fue insistente en las investigaciones que deben continuar por las inferiores reclamaciones de la póliza que inicialmente estaban pactadas por un máximo de 13 billones de pesos.

"La Contraloría va a revisar nuevamente las condiciones en las que se dio ese acuerdo y esa confidencialidad para que la siniestralidad que estaba pactada por casi 13 billones de pesos con estas aseguradoras solamente se le aplicará un cobro bajo un acuerdo por cuatro billones de pesos", puntualizó Zuluaga.

El tercer punto que sugirió la Contraloría continuar investigando en Hidroituango tiene que ver con las acciones implementadas para dar solución a los hallazgos “críticos y muy críticos” que identificó el informe Pöyry y que incluye asuntos como el estado del vertedero y obras subterráneas en la central.

Por último, se advirtió la importancia de revisar recursos por cerca de siete mil millones de pesos que se pagaron al Consorcio CCC por imprevistos en la obras tras haber llegado a un acuerdo para mutar el contrato por precios unitarios bajo la modalidad de administración delegada.

Todas estas situaciones deberán ser evaluadas por el despacho del contralor general de la República para determinar si proceden o no los respectivos procesos.