El pleito jurídico entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Uspec tiene estancada la construcción de la cárcel de mínima seguridad en el municipio de Yarumal , Norte del departamento.
Ocho años después de haberse formulado uno de los proyectos más ambiciosos para aliviar el hacinamiento carcelario en Antioquia, sigue sin materializarse y un pleito judicial entre entidades públicas lo tiene totalmente estancado.
Se trata de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad en el municipio de Yarumal, un proyecto de más de 65.200 millones de pesos que está suspendido desde finales de enero de 2019 luego de que estudios contratados por la Empresa de Vivienda de Antioquia determinaran que el predio de cerca de 40 hectáreas donde iba ser construida no contaba con la condiciones estructurales mínimas.
En una reciente sesión de la Asamblea de Antioquia se discutió la situación donde se evidenció que una de las principales barreras del proyecto se trata de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia donde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín solicitan la devolución de 14 mil millones de pesos que invirtieron para la compra de este espacio donde estaba el antiguo Seminario de Misiones.
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Juan José Franco, delegado de la Unidad de Servicios Penitenciarios, una de las entidades demandadas, reconoció ante la Asamblea que en el retorno de esos recursos está una de las principales diferencias, pero que aún llegando a un acuerdo la consecución de un nuevo predio podría desbordar la inversión inicialmente planteada.
“Ese edificio finalmente no se puede utilizar y eso hace que sea inviable ese proyecto inicial que se ha planteado y que se requiera en el caso de buscar un espacio nuevo en Yarumal una construcción completamente nueva que entre otras pues desborda el presupuesto inicial que se ha planteado”, aseguró.
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Ante este panorama, el alcalde de Yarumal, Cristian Céspedes, pidió a las instituciones implicadas en la construcción de esta cárcel de mínima seguridad que en caso de no concretarse lo inicialmente pensado, los cerca de 43 mil millones de pesos que siguen sin ningún tipo de uso en una fiducia puedan usarse para proyectos que beneficien a esa localidad o a la subregión Norte de Antioquia.
“Insistir en que ojalá este proyecto pueda ser recuperado, pero sí definitivamente eso, pues no es posible también pedirles muy especialmente, que esos predios esas cerca de 40 hectáreas que tenemos ahí, pues puedan servir para un propósito significativo en nuestro municipio”, aseguró.
A pesar de que el futuro no es claro sobre la construcción de un centro penitenciario, la mayoría de las partes plantearon como el mejor escenario la liquidación del convenio y un replanteamiento casis total del proyecto necesario para el departamento que registra el promedio más alto de hacinamiento en para privados de la libertad en el país, superior al 50%.
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