La Fiscalía General de la Nación judicializó al subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil, al patrullero Jackson Zapata y al particular Giovanni Atehortúa, presuntamente implicados en el delito de concusión, que se determina cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución que no le corresponde, con el objetivo de beneficiarse de esto.
Al parecer, los uniformados habrían presionado a un comerciante de Medellín, para que este les pagara una suma de 10 millones de pesos, a cambio de no ser judicializado por porte ilegal de armas de defensa personal, a pesar de que el hombre tenía permiso para su tenencia.
Los hechos ocurrieron en la avenida Las Palmas, luego de que los policías interceptaran a la víctima, quien iba en compañía de su pareja sentimental en un vehículo de alta gama. Los uniformados encontraron en el bolso de la mujer, una pistola calibre 9 milímetros, arma que contaba con los documentos que avalaban su permiso de tenencia, pero que los policías presuntamente decidieron ignorar y exigir a la víctima el pago de esa suma de dinero. Las autoridades señalaron que el comerciante estaba siendo intimidado por los tres uniformados.
Para que este les diera esta alta suma de dinero, los uniformados se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después de lo sucedido, la víctima habría entregado ocho millones de pesos al patrullero Jackson Zapata, con el objetivo de recuperar los bienes. El uniformado, una vez entregada la millonaria suma, le devolvió los bienes retenidos.
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Debido a esto, y a la denuncia interpuesta, los uniformados fueron capturados por la Policía Nacional. Sin embargo, ninguno de los tres policías aceptó los cargos imputados por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
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