La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de los patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Jorge Barrios y Jorge Guerrero, quienes son señalados de secuestrar, robar y extorsionar a dos personas entre el 19 y el 23 de diciembre en Medellín.
Esta situación, que ha causado indignación en la ciudad, se conoció por la denuncia de un vendedor ambulante.
Según pudo señalar, la víctima de los presuntos malos tratos de los uniformados, los patrulleros los abordaron y, posteriormente, lo llevaron, al parecer, de manera irregular hasta el CAI del Parque Bolívar, en donde lo despojaron de algunas de sus pertenencias que estaban avaluadas en cerca de dos millones de pesos.
Sin embargo, los delitos de los uniformados de la Policía no pararon allí, ya que el victimario denunció que los patrulleros introdujeron en su maleta una bolsa con drogas para poder justificar su captura y, no contentos con el robo de las pertenencias, estos hombres le exigieron a su primera víctima una cifra de 10 millones de pesos para dejarlo ir del lugar donde estaba retenido.
Tras la denuncia interpuesta por el vendedor ambulante, que logró escapar del CAI, los policías fueron capturados en flagrancia, pero allí no paró todo, pues se logró determinar de un hecho similar cometido por los mismos hombres tan solo cuatro días antes con otro vendedor como víctima de los delitos.
Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre cuando los patrulleros Barrios y Guerrero requirieron a un hombre porque, supuestamente, tenía una orden de captura vigente por hurto.
Publicidad
Aunque la situación era falsa, el vendedor fue llevado hasta un CAI en donde fue retenido y golpeado en repetidas oportunidades e, incluso, le robaron varias pertenencias valoradas en cerca de siete millones de pesos.
Por esta situación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los patrulleros por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado; concusión, y prevaricato por omisión. Aunque a los hombres se les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, la decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación.