Con cámaras de seguridad, la Policía en el Valle de Aburrá está tras la pista de una mujer de 36 años de edad que en las últimas horas huyó con una millonaria cifra de dinero de una sucursal del banco para el cual trabajaba.
Según el reporte oficial conocido por Blu Radio, los hechos ocurrieron en el municipio de Sabaneta, al interior de la bodega de una reconocida empresa donde la entidad financiera tiene un punto de recaudo.
La mujer se encontraba con uno de sus compañeros al cual le pidió ir a recoger un domicilio a las afueras de la bodega, pero cuando el hombre retornó ya encontró la oficina cerrada y una cámara de seguridad tapada con una hoja de papel.
La empleada huyó con un tula en la cual cargaba 426 millones de pesos que hacían parte del dinero producido por la empresa y se montó en un vehículo cuya trazabilidad ahora es seguida por cámaras de seguridad.
También se está a la espera de que en las próximas horas la Fiscalía emita una orden de captura para continuar con el proceso de judicialización de esta mujer.
En Sabaneta, también se alertó de otro caso de robo a un ciudadano iraní que fue herido tras hurto en su vivienda en Antioquia. Los dos responsables de la agresión contra el ciudadano extranjero fueron capturados a bordo de un taxi tras seguimiento por cámaras de seguridad del lugar.
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Los hechos ocurrieron en una urbanización ubicada en la carrera 30 con calle 62 sur cuando el ingeniero de software se encontraba en su vivienda con su pareja de nacionalidad colombiana y fueron sorprendidos por dos hombres que los amordazaron y amedrentaron para que les entregaran cadenas, relojes y otros elementos de valor.
En medio de la situación el iraní resultó herido con arma cortopunzante a la altura del cuello y fue trasladado al hospital local, Venancio Díaz.
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Tras perpetrar el hurto y la agresión los ladrones huyeron de la unidad residencial en un taxi y fueron interceptados por unidades policiales a través del seguimiento de cámaras de seguridad.
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Ambos, de nacionalidad colombiana y venezolana, quedaron a disposición de las autoridades para ser judicializados por los delitos de hurto y lesiones personales.
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