La iniciativa de cobrar la tasa de seguridad para estratos 4, 5 y 6 y empresarios en la factura de servicios públicos, donde se pretende recaudar unos 1.2 billones de pesos sigue sumando voces en contra, pues por ejemplo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Máster dijo que “sienta un muy mal precedente, que con seguridad se convertirá en una sucesión de iniciativas similares”.
“Tenemos muchas coincidencias con el gobernador de Antioquía pero creemos que es un inmenso error quitarle competitividad al departamento por la vida de cobrar una tasa de seguridad, que por cierto es una obligación del Estado en la cual hay sin duda muchas deudas con las ciudadanía y el tejido empresarial colombiano”, manifestó Mac Máster en su cuenta de X.
En medio de varios traspiés en la discusión y de voces en contra, la Comisión económica de la Asamblea de Antioquia, con seis votos a favor, dos en contra y un diputado que se abstuvo de votar, aprobó en primer debate el polémico impuesto a la seguridad, propuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Precisamente tras esa primera aprobación, Rendón manifestó a Blu Radio que espera convencer a más diputados sobre este impuesto, que calificó como “contribución democrática”, pues la discusión seguirá la próxima semana cuando nuevamente se discuta en plenaria ante los 26 diputados.
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"Permite unas reacciones oportunas, disuasivas, para dignificar su labor. Yo sigo con mucho optimismo en ese trabajo de persuasión argumentativa para que la mayoría de los diputados puedan avalar esta medida que tanto le va a servir al departamento. Corregimos errores que habíamos cometido en la anterior ocasión", manifestó a Blu Radio, refiriéndose a la primera vez, cuando fue retirado el proyecto.
Aunque este proyecto tiene voces a favor y en contra, en donde el mandatario seccional tiene el respaldo de algunos congresistas paisas y cien alcaldes, no lo acompaña tampoco EPM por medio de su presidente de Junta, el alcalde Federico Gutiérrez, que advirtió que no es viable la iniciativa.
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A pesar de ello, por la supuesta complicación jurídica para que EPM realice el recaudo de la tasa de seguridad en los servicios públicos de los antioqueños, se conoció que la misma compañía realiza intermediaciones similares en el Valle del Cauca.
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