Alerta en el Nordeste de Antioquia por ocho casos de confinamiento en el último año

Más de 3.400 familias han recibido ayudas humanitarias en la subregión del Nordeste, donde autoridades nacionales y locales advierten el recrudecimiento de la violencia y los riesgos para la población, por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El panorama no es alentador. Entre 2023 y 2024, se han registrado 15 desplazamientos y ocho confinamientos ocurridos en Segovia, Remedios y El Bagre, pero también hay preocupación por la persistencia de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en esas localidades, más las de Anorí y Amalfi.

Marco Fidel Trespalacios, alcalde de El Bagre, población que vivió una grave situación de orden público en el corregimiento de Puerto López, dijo que por ahora hay una tensa calma.

"Hay muchos grupos al margen de la ley peleándose los recursos, extorsionando hubo en estos días varios asesinatos. Hay una parcial calma, pero sabemos que en cualquier momento eso vuelve a caer", admitió el mandatario.

Esa fue precisamente la denuncia que se expuso en un Comité Territorial de Justicia Transicional en la Gobernación de Antioquia, donde alcaldes de dichos municipios y las entidades coincidieron en su preocupación y el pedido de medidas por parte de las autoridades competentes.

"Con una inversión de 2.985 millones de pesos que se han entregado como ayuda humanitaria de emergencia a estas mismas comunidades el compromiso nuestro es seguir acompañando estas víctimas y seguir acompañando estas comunidades con medidas de prevención y protección, pero también garantías de no repetición", aseguró la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño.

Tras evaluar las situaciones expuestas, la entidad informó que se acordaron acciones de prevención del delito, protección a líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y lucha contra el reclutamiento ilegal de niños y adolescentes, entre otras.