La falta de 980.000 millones de pesos para la vigencia 2024 y 2025 que aún no llegan por parte de la Nación motivó al alcalde de Medellín
, Federico Gutiérrez , a solicitar a la Procuraduría y a la Contraloría una vigilancia especial sobre el proyecto clave para la movilidad del occidente de la ciudad: el metro de la 80
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La misiva, que se conoció a finales de enero, fue enviada como una solicitud urgente de vigilancia especial al contralor Carlos Hernán Rodríguez y al procurador general Gregorio Eljach, señalando que el no giro de recursos podrían derivar un perjuicio económico por 1.5 billones de pesos, además de poner en riesgo la continuidad de 807 empleos
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Pero además se conoció otra misiva, esta vez, al presidente Gustavo Petro, solicitando la fecha exacta los desembolsos por 483.000 millones de la vigencia 2024 y 497.000 millones de este año, para evitar retrasos en las obras, cláusulas penales y sobrecostos.
Además, solicitó un espacio de diálogo con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría Distrital de Hacienda y el ente gestor del proyecto.
“Este encuentro será una oportunidad para coordinar acciones concretas de cara al flujo de caja futuro del proyecto”, dice la carta.
Recientemente, el gerente del Metro de Medellín , Tomás Elejalde, aseguró que el proyecto sigue contando con gasolina financiera gracias a los 684.000 millones de pesos aportados por el Distrito vía vigencias futuras y a la posibilidad de créditos con entidades financieras por 1.2 billones de pesos, pero la fecha para el giro de estos recursos es crucial para la continuidad del proyecto.
"Para poder activar las fuentes de Nación y de endeudamiento tenemos que trabajar duro durante las próximas semanas para que nos den una fecha de desembolso de los recursos del año 2024 y tener certeza sobre que esa gasolina
no se interrumpa", explicó Elejalde.
El proyecto registra un avance del 29,4%. Hasta la fecha, el Distrito ha aportado 684.000 millones de pesos, cumpliendo con el modelo de cofinanciación del 30% o, incluso, según la misiva, más por costos no reconocidos, mientras que el Gobierno nacional no ha realizado ningún desembolso.