A tres meses de que un grupo de disidentes de las Farc fueran capturados por las autoridades cuando se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección por vías del Norte de Antioquia, una acción judicial vuelve a generar polémica en medio de la designación de varios de los implicados en el hecho como gestores de paz.
Y es que el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la resolución 345 del 30 de agosto de 2024 a través de la cual la Presidencia de la República designó como gestores de paz a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Firu”, cabecilla del frente 36; Wenser Yosony Duque, alias “Oliver González” y miembro del frente Raúl Reyes; María Alejandra Ojeda Londoño; y Omar Delgado Novoa, alias “Boyaco”.
La acción jurídica fue interpuesta por Santiago Suárez, estudiante de quinto semestre de Derecho del Tecnológico de Antioquia, quien explicó a Blu Radio que la decisión del Gobierno nacional no solo va en contra de los derechos y la dignidad de las víctimas del conflicto, sino que viola, además, principios constitucionales de gran relevancia como la igualdad frente a la ley.
"Todos los colombianos tenemos derecho a ser procesados o juzgados pues con las mismas condiciones. No esas condiciones que plantea el presidente, es que aunque sean los gestores de paz o aunque estén dentro del proceso de negociación, entonces le vamos a dar como algunos beneficios dentro del gobierno", explicó Suárez.
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Con el recurso legal, el abogado en formación explicó que también busca que se aplique una medida cautelar para que la resolución quede sin efectos mientras se produce una decisión de fondo por parte de la alta corte.
En el proceso, tras la notificación a Presidencia viene la práctica de pruebas, unos alegatos finales y decisión del Consejo de Estado en primera instancia que se podría impugnar por cualquiera de las dos partes involucradas.