En la mañana de este viernes 16 de agosto ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín , se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos contra tres exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero implicados en uno de los casos de presunta corrupción que mayores avances ha registrado en los últimos meses.
Se trata de Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura Física del Distrito; Jorge Enrique Lievano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, quienes afrontan un proceso judicial en el que deben responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Y es que los procesados son señalados de desviar desde inicios de 2020 los recursos destinados para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad que desde hacía más de diez años venía ejecutando el Jardín Botánico y que pasó de recibir 19 mil millones de pesos en 2019 a 6 mil millones en 2021.
En el escándalo denunciado por la Veeduría Todos X Medellín y que se calificó como una forma de “cartelización de la contratación”, desde Metroparques se hicieron al menos tres invitaciones privadas al mismo número de empresas, con vínculos entre sí, propuestas muy similares y que terminó obteniendo la Reforestadora El Líbano.
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Los implicados fueron imputados a mediados de enero de este año, acciones que en su momento destacó la vocera de Todos X Medellín, Piedad Patricia Restrepo.
"Yo creo que es muy diciente que ya hayan sido imputados y más allá de un contrato 'x' o un contrato 'y', es que esto fue una forma de operación para apropiarse de los recursos públicos y esto es solo uno de los ejemplos entonces. Que la situación avance para nosotros es muy importante", señaló Restrepo.
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Este caso de presunta corrupción hace parte de los 501 hallazgos que presentó hace varios meses el alcalde Federico Gutiérrez y que aseguró entregar con soportes y pruebas testimoniales a las autoridades competentes.
Precisamente en el proceso se ha conocido que la Alcaldía de Medellín pediría el reconocimiento como víctima para intervenir en el proceso penal y solicitar el resarcimiento de perjuicios una vez se haya proferido sentencia condenatoria.
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