Absuelven a 19 servidores de la Gobernación de Antioquia tras 8 años de juicio por fraude

En medio de un operativo en el sótano de la Gobernación de Antioquia el 15 de diciembre de 2016, la policía y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 14 servidores públicos que laboraban en la central de impuesto vehicular, luego de las denuncias por fraude que fueron interpuestas por el ente departamental.En su momento fueron acusados por los delitos de peculado, concierto para delinquir y abuso del sistema informático, por hechos que supuestamente venían ocurriendo desde el año 2011 y que generaron un monto defraudado al Departamento por más de mil cincuenta millones de pesos ($1.051.362.140).“Las personas capturadas, aprovechando su vinculación a la empresa UNE Telecomunicaciones, accedían al sistema SAP, Módulo del impuesto vehicular, y anulaban y modificaban los montos de sanción e intereses, originando una nueva liquidación para el contribuyente por menor valor”, se lee en un comunicado de la Gobernación de la época.Desde ese momento, según cuentan los afectados, fueron ocho años de un verdadero calvario, pero en las últimas horas un juez los declaró inocentes de este proceso y acreditó que ninguno cometió las conductas por las cuales fueron llevados a juicio, evidenciando el error que cometía el sistema informático por la aplicación indebida de unos algoritmos. Silvia Inés Avendaño Marín, funcionaria pública de carrera de la Gobernación de Antioquia, le contó a Blu Radio la serie de afectaciones que sufrió durante este largo proceso judicial."El daño para mí fue económico, moral, mi familia, mi esposo, mis amigos. Tuve mucho daño emocional, psicológicamente estuve muy mal en una época, fue muy duro, no solamente para mí, fueron todos, y simplemente hoy estoy muy feliz porque por fin pudimos escuchar, están libres de todo", narró. Como Silvia Inés, las otras 18 personas involucradas en el proceso narran haber sido objeto de humillaciones, empezando porque quienes fueron capturados fueron esposados delante de funcionarios y particulares que frecuentaban el lugar en la fecha del operativo. Ante todo lo que han tenido que sufrir hasta ahora, José Fernando Bustamante, abogado defensor de esta mujer, indicó a Blu Radio que ahora seguirá un proceso de conciliación justamente para que haya una reparación directa, tras este largo proceso penal."La sentencia absolutoria se dio fue por atipicidad de la conducta. Es decir, los hechos nunca tuvieron ocurrencia y en ese sentido este proceso nunca debió nacer. El juez la misma ordena que se eliminen todos los registros que estén a nombre de Silvia y de las otras 18 personas con ocasión de este proceso", detalló Bustamante.La sentencia absolutoria de este grupo de exfuncionarios no fue impugnada, es decir, no se presentó ningún recurso contra ella, por lo que iniciarán acciones en contra de las entidades que a lo largo de estos más de ocho años tuvieron un manejo inadecuado de este caso, según explicó el abogado.