Abren investigación a Quintero y exsecretaria por mantenimiento de colegios en Medellín

A más de once meses de haber dejado la administración de Medellín se siguen conociendo nuevos procesos investigativos que entes de control adelantan sobre lo que fue el gobierno de Daniel Quintero.

El más reciente de ellos está a cargo de la Procuraduría General quien decidió abrir una investigación disciplinaria contra el exmandatario por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos por 319 mil millones de pesos para el mantenimiento de colegios públicos en la ciudad y que fueron aprobados por el Concejo Distrital a finales de octubre de 2022 bajo el concepto de vigencias futuras.

Dentro de las acciones que se iban a llevar a cabo y fueron socializadas en la misma corporación estaban mantenimientos generales para 398 colegios serían objeto de mantenimientos generales, mantenimientos integrales para otros 38 y casi que una reconstrucción de cinco.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con el cambio del manual de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano, la obras empezaron a llenarse de cuestionamientos desde diferentes sectores por aparentemente haberse entregado a dedo, lo que precisamente también atrasó procesos administrativos y contractuales.

Para el final de gobierno de Daniel Quintero solo se había entregado una de las 180 sedes que se habían propuesto intervenir, pero además la actual administración de la EDU encontró que muchos contratos firmados por la entidad con la Secretaría de Educación ni siquiera habían sido estructurados.

Ante este panorama, el ente de control quien también requirió en este proceso a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, ya inhabilitada por ocho años por irregularidades en contratación de Buen Comienzo, ya adelanta las correspondientes indagaciones argumentando que procesos para el mantenimiento de colegios pudieron a hacerse a través de licitación pública en lugar de invitaciones privadas.

Dentro del manual de contratación cambiado en la EDU bajo esa modalidad de invitación privada ya se podían firmar contratos de hasta 10 mil millones de pesos, cuando antes solo se podía un máximo de 500 millones.