Por su responsabilidad en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 2015, la Contraloría General le imputó cargos de responsabilidad fiscal por 630 millones de pesos al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y a su secretario general Jaime Luis Fuentes, que suscribió el contrato de ese año y hoy sigue siendo funcionario de la administración departamental.
Según la Contraloría, por falta de estudios y un modelo diferente al establecido por el Ministerio de Educación, la Gobernación terminó pagando los almuerzos y los desayunos a un precio mucho mayor del que se tenía destinado. El contrato fue por más de 17.000 millones de pesos, pero el aumento en los costos no se vio materializado en la mejora de las raciones de comida, además de que el contrato fue entregado al único oferente que se presentó.
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La Contraloría argumenta que Monsalvo debía estar enterado de la correcta ejecución del contrato y de los estudios para establecer el valor final. El contralor Edgardo Maya entregará un informe más completo sobre el PAE por regiones y de las responsabilidades de los funcionarios en su rendición de cuentas.
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