¿Quién y cómo se auditan los gastos de los precandidatos presidenciales? Abogado responde

En un escenario preelectoral cada vez más anticipado y con las restricciones legales vigentes para hacer campaña abierta antes del inicio formal de la contienda presidencial de 2026 , varios precandidatos han optado por utilizar las redes sociales como vehículo para difundir su imagen y propuestas. Así lo explicó Alfonso Portela, abogado experto en derecho electoral, al referirse a los mecanismos actuales de fiscalización del gasto electoral, en diálogo en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

Un recorrido por la biblioteca de anuncios de la plataforma Meta, que agrupa la publicidad política pagada en Facebook e Instagram, revela que en los últimos tres meses se han registrado inversiones significativas por parte de aspirantes a la Presidencia. Vicky Dávila encabeza la lista con más de 213 millones de pesos invertidos. Le siguen Miguel Uribe Turbay con cerca de 78 millones, Germán Vargas Lleras con 56 millones y Santiago Botero Jaramillo con 15 millones, entre otros.

Portela precisó que la legislación vigente, la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005, entre otras, establece que las redes sociales son consideradas medios de comunicación. Por tanto, cualquier contratación de publicidad con fines políticos debe considerarse gasto de campaña, incluso si se realiza antes del periodo oficial. “Si yo estoy invirtiendo en una propaganda, independientemente del nombre que le ponga, con miras a que me postulen o me acompañen en un proceso presidencial, eso es propaganda electoral”, afirmó el abogado.

Además, advirtió que los gastos fuera del periodo autorizado se consideran extemporáneos, lo que podría derivar en investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Portela, esta situación también abre la puerta a posibles violaciones de las reglas sobre financiación electoral , que imponen topes y restricciones claras: “Hay una prohibición total de aportes de personas jurídicas y límites específicos para las personas naturales. Habría que mirar cómo y de qué forma está llegando ese dinero”.

Portela también abordó el funcionamiento de la plataforma Cuentas Claras, mecanismo dispuesto para que los candidatos reporten sus gastos durante las campañas . Indicó que la no habilitación de esta herramienta en el periodo preelectoral no exime de responsabilidad a los aspirantes: “Que no esté abierta la plataforma no significa que se puedan hacer gastos sin control. Todo lo contrario: eso se llama extemporaneidad en los gastos de campaña”, explicó.

En cuanto al impacto que esta dinámica tiene sobre la equidad electoral, el abogado sostuvo que los partidos que siguen las reglas enfrentan una desventaja frente a los aspirantes que se adelantan en la promoción política utilizando vías alternas como la recolección de firmas, lo que permite extender el proselitismo a lo largo de un año. “Los partidos solo pueden hacer propaganda tres meses antes. Están en desventaja frente a quienes inician antes bajo otros mecanismos”, dijo.

En relación con los topes de financiación definidos recientemente por el CNE, 37.000 millones de pesos para primera vuelta y 17.000 millones para una eventual segunda vuelta, Portela consideró que estos son insuficientes para cubrir los costos reales de una campaña presidencial.

“Los topes son irrisorios frente al tamaño de una campaña de esta magnitud. Eso alimenta la tentación de violarlos”, sostuvo.

También se refirió a las preocupaciones ciudadanas frente a lo que algunos perciben como un tratamiento desigual en el control del gasto de figuras oficialistas, como el presidente Gustavo Petro o aliados como Gustavo Bolívar, frente a otros precandidatos . Según Portela, las consultas populares, como las propuestas por el Gobierno, tienen un carácter distinto al electoral. No obstante, advirtió que cuando un mecanismo de participación se politiza, “las autoridades deben establecer con claridad la frontera entre lo participativo y lo electoral”.

A modo de cierre, el jurista reiteró que el uso masivo de redes sociales por parte de precandidatos en Colombia exige una actualización normativa urgente y que, mientras eso ocurre, corresponde al CNE determinar si los recursos invertidos en promoción política constituyen propaganda electoral, aunque no se haya formalizado la candidatura.

“Esto es campaña política. No le pongan otro nombre”, concluyó.

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