¿Qué pasa si un presidente no cumple una orden de la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden crucial al Gobierno y al Ministerio de Salud, instándolo a actualizar la Unidad de Pago por Captación (UPC) a partir del 2024. Esta decisión se produce en un contexto de dificultades financieras y plantea importantes interrogantes sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales en el país.¿Qué pasa si un presidente no cumple una orden de la Corte Constitucional?La pregunta más relevante en el debate es: ¿Qué ocurre si el Gobierno nacional no acata esta orden? El expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Arrubla, expuso en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, que un incumplimiento podría resultar en una solicitud de desacato, la cual podría conllevar sanciones graves, incluida la posibilidad de arresto para los funcionarios responsables.Esto lleva a un análisis profundo de la naturaleza del desacato y del cumplimiento de las órdenes judiciales en materia de salud pública.La responsabilidad del ministro de SaludLa responsabilidad inmediata recae sobre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien deberá modificar el decreto relacionado y garantizar que se provean los recursos necesarios. Si el Gobierno alegara falta de presupuesto, la Corte podría considerar esto como un desacato, ya que las instituciones estatales deben arbitrar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.Uno de los elementos clave de la orden es la creación de una mesa técnica que deberá trabajar en la revisión de la UPC desde el 2021. Sin embargo, las mesas técnicas suelen llevar tiempo en llegar a conclusiones efectivas. La Corte ha dado un plazo específico y ha establecido la necesidad de que se cuente con información adecuada para la toma de decisiones. La falta de documentación adecuada por parte de las EPS y del Gobierno podría obstaculizar este proceso."La Corte lo que dijo fue que le incumplieron y que la unidad de pago por capitación, la UPC, no cumple con los parámetros para darle sostenibilidad al sistema. Entonces dice hay incumplimiento y eso es algo imparable. Viene una segunda situación la Corte lo que está creando es una mesa técnica de varios factores para que revisen claramente lo que debe ser esa unidad de capitación del 2024, pero revisión que tiene que hacer desde el 2021 porque parece ser que el desbarajuste viene desde atrás y fuera de eso les da dos meses para hacer esa revisión", dijo.Si la mesa técnica no produce los resultados esperados, podría abrirse una puerta para más desacatos. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su apoyo a la convención de la mesa, pero la clave estará en cómo se recopile y analice la información para establecer un nuevo decreto que satisfaga los criterios de la Corte.Un contexto sin precedentesEn términos de antecedentes, Arrubla indicó que este tipo de situación es inusual en la historia de la Corte Constitucional, especialmente por la profundidad técnica y el marco legal en el que se desarrolla. La Corte ha hecho un énfasis importante en el cumplimiento de sus órdenes, lo que constituye un desafío significativo para el Gobierno y sus instituciones. La posibilidad de sanciones por desacato es real, y los funcionarios deben estar conscientes de la gravedad de las consecuencias que podrían afrontar si no se cumplen las normativas dispuestas por la Corte.Finalmente, el Gobierno de Colombia enfrenta un reto considerable al intentar cumplir con la orden de la Corte Constitucional sobre la UPC.La forma en que manejen esta situación podría tener repercusiones significativas no solo para la administración actual, sino también para la percepción pública de las instituciones judiciales y gubernamentales del país. La presión para dar cumplimiento a esta orden será un tema de constante seguimiento en el ámbito judicial y de salud pública en Colombia.Escuche la entrevista completa acá: