Una polémica se desató en el mundo político luego de que se conociera el borrador de un proyecto de acto legislativo que establecería un perdón judicial a discreción del presidente de la República para actores políticos condenados o investigados por delitos como corrupción, así como integrantes de las fuerzas militares, de la policía y ciudadanos investigados o condenados por delitos menores con la justicia.
El proyecto de nueve artículos fue presentado por el exsecretario de cultura de Caldas, exdirector del IDT durante la administración Petro y colaborador cercano al canciller Álvaro Leyva, Luis Fernando Rosas, y contó con el respaldo de cerca de 13 organizaciones sociales.
Según el articulado, se concederían facultades al presidente, para que en el marco de la Paz Total, “otorgue perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste”.
La iniciativa concibe que para determinar las personas que serán beneficiarias de este perdón judicial, el primer mandatario establecerá un equipo jurídico que analizará cada caso. Además, podrá instruir a la JEP la apertura de un nuevo macrocaso “para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas, por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”.
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“A nadie se le puede olvidar en Colombia que no hay verdadera separación de poderes. Los fiscales pertenecen a los partidos políticos. Se busca un perdón judicial para la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones menores en curso. Si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, pues ¿por qué no perdonamos delitos pequeños? Que haya un tribunal de cierre”, señaló Luis Fernando Rosas en diálogo con Blu Radio.
Rosas presentó como ejemplo de la efectividad de esta iniciativa en el mundo, casos como el de España, donde se aplicó una ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes; en Perú, cuyo beneficiario fue el expresidente Alberto Fujimori; o Estados Unidos, donde esta facultad de indulto está en manos del presidente.
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El articulado también señala que todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público (corrupción) que sea beneficiado por el perdón judicial, resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes, para poder recuperar sus derechos políticos. En dado caso se excluyen los investigados o condenados por delitos de lesa humanidad.
“Hay hoy una propuesta del Partido Comunes del senador Julián Gallo frente a la creación de un tribunal de cierre, donde esperamos se incluyan los artículos. El senador del Partido de la U, Antonio Correa, ya me reuní con él e incluirá varios artículos de esta propuesta que la encuentra muy acorde al proyecto que va hoy, va muy avanzado en el Congreso de la República” puntualizó Rosas.
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